Si la ruta está poceada, el problema son los baches y eso causa accidentes y muertes. Caminos como estos hay muchos en la provincia y algunos son emblemáticos, como la 323, entre las rutas 38 y 157. Puro bache, alto nivel de accidente. En cambio, si la ruta está en buen estado, más o menos señalizada y con buena demarcación, el problema es la velocidad. Los funcionarios dicen que la gran mayoría de los accidentes se debe a imprudencia, negligencia e irresponsabilidad de los conductores.
Pero a todo esto hay que agregar mal estado de las banquinas, animales sueltos, circulación de personas, carros, vehículos chicos (bicicletas y motos) vehículos de mucha carga (rastras cañeras y limoneras), ómnibus y otros transportes de pasajeros (autos rurales, imprescindibles en muchas localidades donde no hay colectivos), muchos en mal estado, más otros que no pueden ser considerados vehículos ni de cargas ni de pasajeros, como los 550 colectivos "limoneros".
Uno de ellos fue el de la tragedia del río Lules en abril, donde se revelaron tres cosas graves: a) el sistema favorece que haya coimas para que circulen estos vehículos. Eso se desprende de las denuncias de las víctimas. b) El sistema genera que cada uno haga lo que quiere, por eso los productores contratan estos vehículos de transporte que, en teoría, no cuestan nada o cuestan muy poco. Eso dijeron los funcionarios de Transporte. c) Estos, además, afirmaron que los productores mismos arengan a los obreros para que se defiendan con machetes si es que les quieren secuestrar el vehículo.
En los numerosos cruces y entrada a los pueblos, no se puede hablar tanto de ruta en buen o mal estado, sino de la sobresaturación vehicular y de dos situaciones que no se pueden cambiar: una, que muchas poblaciones están atravesadas por la ruta (como El Manantial); otra, que la mayoría de las comunidades cercanas a la capital tienen intenso tránsito de sus habitantes hacia San Miguel de Tucumán o zonas cercanas: Tafí Viejo, Lules, Famaillá, San Pablo, Bella Vista, Delfín Gallo, Alderetes, etcétera. Esa circulación cotidiana es inevitable.
Por otra parte, cada vez hay más camiones; cada año se suman 30.000 rodados de gran porte, porque ellos llevan el 95% de las cargas del país. Al mismo tiempo, cada vez hay más motocicletas como vehículos de transporte universal en las ciudades y en los pueblos. Ahora bien, de modo inversamente proporcional a este crecimiento, la construcción de rutas es prácticamente inexistente o conflictiva (como la nueva ruta 38), y el mantenimiento es pésimo (hay que ver cuántos años lleva la famosa reparación de la 307 entre Tafí del Valle y Amaicha, que nunca termina).
El panorama en Tucumán es inquietante. Hay 42 puntos de alto riesgo, sobre todo en el Sur, en la ruta 38. ¿Qué dicen los funcionarios? Que no dan abasto, que las municipalidades no asumen la responsabilidad y que no ayudan con los controles. ¿Qué no dicen los funcionarios? Que desde que se sacó la Policía Vial de la órbita de Transporte (al parecer hubo denuncias de coimas) se desmantelaron los operativos conjuntos y cada uno hace lo que quiere, superponiéndose con el otro, sin que se pueda atacar el problema en serio: para 42 puntos de riesgo, hay 17 puestos de control.
Tampoco dicen que hace un año anunciaron medidas como la radarización pero no previeron la infraestructura para ponerla en funcionamiento. Claro que no dan abasto. Porque los objetivos son más grandes que sus posibilidades. Desde el comienzo hubo una desproporción entre la magnitud del problema y la escasez de medios que proponen para enfrentarlo. Y ese no parece el camino hacia la solución.
Pero a todo esto hay que agregar mal estado de las banquinas, animales sueltos, circulación de personas, carros, vehículos chicos (bicicletas y motos) vehículos de mucha carga (rastras cañeras y limoneras), ómnibus y otros transportes de pasajeros (autos rurales, imprescindibles en muchas localidades donde no hay colectivos), muchos en mal estado, más otros que no pueden ser considerados vehículos ni de cargas ni de pasajeros, como los 550 colectivos "limoneros".
Uno de ellos fue el de la tragedia del río Lules en abril, donde se revelaron tres cosas graves: a) el sistema favorece que haya coimas para que circulen estos vehículos. Eso se desprende de las denuncias de las víctimas. b) El sistema genera que cada uno haga lo que quiere, por eso los productores contratan estos vehículos de transporte que, en teoría, no cuestan nada o cuestan muy poco. Eso dijeron los funcionarios de Transporte. c) Estos, además, afirmaron que los productores mismos arengan a los obreros para que se defiendan con machetes si es que les quieren secuestrar el vehículo.
En los numerosos cruces y entrada a los pueblos, no se puede hablar tanto de ruta en buen o mal estado, sino de la sobresaturación vehicular y de dos situaciones que no se pueden cambiar: una, que muchas poblaciones están atravesadas por la ruta (como El Manantial); otra, que la mayoría de las comunidades cercanas a la capital tienen intenso tránsito de sus habitantes hacia San Miguel de Tucumán o zonas cercanas: Tafí Viejo, Lules, Famaillá, San Pablo, Bella Vista, Delfín Gallo, Alderetes, etcétera. Esa circulación cotidiana es inevitable.
Por otra parte, cada vez hay más camiones; cada año se suman 30.000 rodados de gran porte, porque ellos llevan el 95% de las cargas del país. Al mismo tiempo, cada vez hay más motocicletas como vehículos de transporte universal en las ciudades y en los pueblos. Ahora bien, de modo inversamente proporcional a este crecimiento, la construcción de rutas es prácticamente inexistente o conflictiva (como la nueva ruta 38), y el mantenimiento es pésimo (hay que ver cuántos años lleva la famosa reparación de la 307 entre Tafí del Valle y Amaicha, que nunca termina).
El panorama en Tucumán es inquietante. Hay 42 puntos de alto riesgo, sobre todo en el Sur, en la ruta 38. ¿Qué dicen los funcionarios? Que no dan abasto, que las municipalidades no asumen la responsabilidad y que no ayudan con los controles. ¿Qué no dicen los funcionarios? Que desde que se sacó la Policía Vial de la órbita de Transporte (al parecer hubo denuncias de coimas) se desmantelaron los operativos conjuntos y cada uno hace lo que quiere, superponiéndose con el otro, sin que se pueda atacar el problema en serio: para 42 puntos de riesgo, hay 17 puestos de control.
Tampoco dicen que hace un año anunciaron medidas como la radarización pero no previeron la infraestructura para ponerla en funcionamiento. Claro que no dan abasto. Porque los objetivos son más grandes que sus posibilidades. Desde el comienzo hubo una desproporción entre la magnitud del problema y la escasez de medios que proponen para enfrentarlo. Y ese no parece el camino hacia la solución.